La Acción Popular

Original de VANGUARDIA LIBERAL. MAYO 07 DE 2009

La Constitución de 1991 creó un conjunto de mecanismos para que fueran usados por los ciudadanos para proteger sus derechos constitucionales fundamentales y evitar que ellos sean vulnerados o, en el caso de que lo hayan sido, se puedan restablecer debidamente. A tales mecanismos se les llamó Acciones Constitucionales y entre ellas se destacan la Acción de Tutela y la Acción Popular.
La Tutela, mecanismo de uso individual, ha sido una herramienta eficaz para que los ciudadanos defiendan sus derechos fundamentales y pese a que se ha hecho uso abusivo de ella en un considerable número de casos, no por eso pierde importancia ni se puede minimizar su eficacia.

Las Acciones Populares son un mecanismo de protección de los derechos e intereses colectivos relacionados con el medio ambiente, la moralidad administrativa, el espacio público, el patrimonio cultural, la seguridad y salubridad públicas, los servicios públicos, los consumidores y usuarios, la libre competencia económica, etc.

La razón de ser de la Acción Popular es que cualquier ciudadano la puede usar para defender a la comunidad de la violación que se haga de leyes en vigencia, no siendo necesario demostrar que haya habido un daño o perjuicio ya que con ella se persigue que se ordene hacer o no hacer algo, o que algo vuelva al estado anterior. A través de ellas se busca que cese la amenaza o el daño que hay sobre derechos colectivos, por lo que la ley establece un beneficio económico a favor de quien la instaura.

Y allí está el gran pecado de la Acción Popular, pues se está usando no para proteger a la comunidad sino para enriquecer a un conjunto de cazadores que circulan por las vías de las ciudades en busca del más mínimo detalle para demandar y enriquecerse con los beneficios económicos que se decretan a favor de quienes la promueven.

Este uso torticero de la Acción Popular, se ha vuelto un terrible dolor de cabeza. Arquitectos, abogados, ingenieros y gente de diverso nivel de conocimiento y cultural, se aprovechan de que un sardinel se eleva sobre la calzada menos centímetros de los que el POT señala, o un poste de energía quita visibilidad, instauran la demanda y reciben pingües beneficios económicos por haber “protegido el derecho de la comunidad”.

Ellas son hoy tal vez la principal causa de inseguridad jurídica que hay en el país, pues en cualquier momento, por las razones más increíbles, alguien instaura una con el escondido propósito de enriquecerse y termina lesionando a modestos y honestos ciudadanos o a respetables instituciones.

El Congreso, en lugar de estar haciendo reformas Constitucionales sin relevancia, debía estar corrigiendo ese enorme dolor de cabeza en que se han convertido las Acciones Populares y quitarle el emolumento económico que se decreta a favor de quienes demandan.