El muerto...que resultó fiador

A Jorge Eliécer Peña Uribe lo sorprendió la muerte el 21 de septiembre de 1993. No dejó testamento escrito, pero sí suficientes bienes para garantizar el futuro de los seis hijos que tuvo con las dos mujeres que compartieron su vida.
Pero una hipoteca abierta que firmó dos meses antes de morir, está a punto de dejar en la calle a los dos hijos que tuvo con su segunda pareja, Cristina Fuentes Ardila.

Un fallo del Tribunal Superior de Bucaramanga aseguró que, pese a su muerte, Jorge Eliécer Peña Uribe podía ser fiador de una deuda adquirida dos años y seis días después de que partiera de este mundo, deuda que empezó en 52 millones de pesos y que hoy está cerca de los $600 millones.

Esta es una historia real, aunque parezca sacada del mundo garciamarquiano; de esas que sólo pueden ocurrir en Colombia.

La hipoteca

El 3 de mayo de 1993, Peña Uribe firmó en la notaría única de Girón, una hipoteca abierta sin límite de cuantía en favor del Banco del Estado, que respaldó con seis apartamentos ubicados en el edificio Torres, en la calle 53 # 22-36 de Bucaramanga, para garantizar el pago de deudas adquiridas “o que adquiera en el futuro”.

Un mes después, en la misma notaría, Peña Uribe adicionó que la hipoteca cubriría también las deudas que adquirieran su esposa, Esperanza López de Peña, y la empresa que construyó durante su vida, Rodillos y Balineras Limitada.

Dos meses después, el 23 de septiembre, don Jorge Eliécer murió de un infarto.

La herencia

Como el fallecido señor no dejó la herencia bajo testamento, se inició un litigio entre Esperanza López, madre de cuatro de los hijos de don Jorge Eliécer, y Cristina Fuentes, la madre de los otros dos.

Las diferencias parecieron llegar a su fin en marzo de 1995, cuando ambas señoras firmaron un convenio de distribución de bienes.

En ese convenio firman como testigos los abogados de las dos partes y dos testigos más, entre ellos Juan Manuel Pimiento Gómez, quien a la fecha era el gerente del Banco del Estado de la Oficina El Libertador, dato confirmado por los actuales abogados de parte y contraparte que llevan el proceso de cobro.

El convenio fue materializado el 24 de mayo de ese mismo año, cuando firmaron en la notaría primera de Bucaramanga el acta de sucesión.

Así las cosas, a Esperanza López y sus hijos les correspondieron 54 millones y medio de las ganancias de la sociedad conyugal, más una casa en Cabecera, un automóvil Swift, una moto de agua y la totalidad de la empresa Rodillos y Balineras, incluidos lote y vivienda, empresa que fue liquidada después, en 1998.

Por su parte, a los hijos concebidos con Cristina Fuentes les correspondieron 36 millones de pesos y los seis apartamentos del edificio Torres, los mismos que figuraban en la hipoteca abierta que dejó Jorge Eliécer “para cobijar sus deudas futuras con el Banco del Estado”.

Por eso, en el acta de sucesión quedó claro que “la sociedad Rodillos y Balineras, por documento separado, el que entregará a estos herederos a la firma de la escritura pública que liquidara esta sucesión, adquiere el compromiso de liberar los seis apartamentos de la hipoteca que los afecta a favor del Banco del Estado, en un término de doce meses contados a partir de la fecha de la escritura pública que protocolice esta adjudicación de bienes”.

La deuda

Pero los bienes nunca fueron liberados. Al contrario, la hipoteca que dejó Peña Uribe dos meses antes de su deceso, avaló un préstamo por 52 millones de pesos que otorgó, dos años y dos días después de su partida al otro mundo, el Banco del Estado a Rodillos y Balineras, Esperanza López, Jorge Eliécer Peña (hijo mayor) y Henry Ordóñez Duarte, cuyo papel en esta historia aún no está esclarecido.

Además, en el aire queda la duda de las razones que llevaron al Banco del Estado a otorgar este crédito, pese a que el mismo gerente fue testigo del convenio en el que esos apartamentos fueron entregados a la otra familia y, por lo tanto, era consciente de que no debía el banco ni la señora Esperanza López, utilizarlos como respaldo a este crédito.

Pero en últimas, era un crédito pequeño, a sólo tres meses con un interés del 37,42 por ciento.

¿Y adivinen qué?, pues el pago se atrasó y hoy 14 años después, la deuda suma 600 millones de pesos y el Banco actuó para cobrarse el dinero.

“El proceso es público, lo pueden mirar en el Juzgado Tercero Civil.

A ellos le adjudicaron unos bienes gravados en una hipoteca y ella (Cristina Fuentes) los aceptó y la abogada que la asesoraba a ella y a sus hijos aceptó el inmueble gravado con hipoteca, entonces ¿de quién es la culpa?”, dijo la abogada del Banco del Estado en este proceso, Consuelo Inés Rueda.

El proceso

Desde 1996, el Banco del Estado inició el proceso de cobro de la deuda contra las tres personas naturales que firmaron el pagaré, por los 52 millones de pesos pero excluyó a Rodillos y Balineras e incluyó a los dos hijos de doña Cristina, herederos de los seis apartamentos con cuya hipoteca se respaldó el crédito.

La señora Esperanza López se sometió a un interrogatorio en 1997, en el que explicó que para amortiguar la deuda se entregaron cuatro cheques, girados por otra empresa llamada Rodamáquinas, que le adeudaba dineros a Rodillos y Balineras.

Dos de esos cheques se pagaron “o sea que hay pendientes dos cheques por cancelar y están en el Banco en respaldo del crédito”, dijo la señora López en esa diligencia. A la fecha, no hay certeza de qué pasó con dichos cheques.

Luego, en 2000, el Juzgado Tercero Civil de Bucaramanga falló a favor de los hijos de Cristina Fuentes, considerando que “cuando el pagaré se creó, los bienes dados en hipoteca abierta ya no pertenecían al otorgante de la hipoteca, pues fuera de que ya había fallecido, los bienes estaban adjudicados a los menores Peña Fuentes”.

Y agrega el fallo que “luego, al no estar firmado el pagaré por la representante de los menores Peña Fuentes y haber sido otorgado con posterioridad al fallecimiento del otorgante de la hipoteca, señor Jorge Eliécer Peña Uribe, y no estar los bienes dados en hipoteca ya en su cabeza, considera el Juzgado que la excepción propuesta por los demandados Peña Fuentes ha de prosperar”.

Pero la alegría de doña Cristina y sus dos hijos duró poco, porque el fallo fue apelado y el Tribunal Superior de Bucaramanga resolvió en contra y volvió a comprometer a esta familia en el pago de la deuda de un crédito que no firmaron, no pidieron y nunca recibieron.

Para los jueces de la Sala Civil del TSB en 2000, el estado de excepción que propuso el abogado de los menores Peña Fuentes fue presentado de manera ex temporánea, 11 días después del plazo fijado por la ley, con lo que reversaron la decisión del Juzgado Tercero Civil.

Y aunque reconocen que el muerto no podía ser codeudor porque “la obligación cambiaria derivada de este pagaré debía de haberla adquirido en vida”, le dieron un giro al proceso y convirtieron al muerto en fiador.

“Pero pudiera pensarse frente a este evento que al no poder físicamente suscribir el pagaré estuviera actuando como un simple fiador o codeudor subsidiario”, y partiendo de este precepto, entonces ahí sí los herederos cargan con la deuda.

Y para este concepto se basan entonces en el artículo 2365 del Código Civil (“podrá también afianzarse una obligación futura; y en este caso podrá el fiador retractarse mientras la obligación principal no exista”).

Pero claro, como desde Lázaro y Jesús no se ha visto a nadie regresar de la tumba, pues don Jorge Eliécer Uribe no pudo retractarse y terminó de fiador.
Ahora, los hijos de don Eliécer y doña Cristina, a la fecha ya mayores de edad, cargan una batalla legal cuyos reclamos se han estrellado contra la pared.
Tres tutelas fueron rechazadas por la Corte Suprema de Justicia, básicamente porque fueron presentadas muy tarde o porque repetían los mismos hechos.

El presente

El Banco del Estado trató el pasado martes de ejecutar la entrega de los seis apartamentos, para amortizar parte de la deuda porque el crédito ha crecido tanto que ni con eso se salda.

La diligencia no se pudo realizar porque los vecinos se opusieron.
“Faltó apoyo policivo. No sabemos cuándo se pueda realizar porque la inspección de Policía debe fijar nueva fecha”, precisó la abogada del Banco del Estado para este proceso, Consuelo Inés Rueda.

La familia Peña Fuentes demandó al Tribunal Superior de Bucaramanga por prevaricato e instauró otra denuncia por homicidio y falsedad documental.

También piden revisar la adición que hizo a la famosa hipoteca abierta, en la que incluyó a doña Esperanza López y la empresa Rodillos y Balineras, porque al lado de la firma no aparece su huella dactilar.

Del paradero de Doña Esperanza, sus cuatro hijos y el señor Henry Ordóñez Duarte, sólo hay conjeturas.

Mientras se resuelve el futuro de las nuevas denuncias y de otra tutela, el Banco del Estado, en liquidación desde 2005, trata de quedarse con los seis apartamentos, la familia Peña Fuentes resiste y don Jorge Eliécer Peña Uribe sigue en su tumba, en la misma en la que ha estado desde septiembre de 1993 y de la que, con toda seguridad, no salió para ser fiador.